MARBURY VS. MADISON (1803)
Conocido a menudo como la decisión más importante en la historia de la Corte Suprema, el caso Marbury vs. Madison estableció el principio de revisión judicial y la facultad de la Corte para juzgar la constitucionalidad de las acciones de las ramas legislativa y ejecutiva.
El caso surgió de una disputa política en la secuela de la elección presidencial de 1800, en la cual Thomas Jefferson, un demócrata-republicano, se impuso al presidente en el cargo, John Adams, que era federalista. En los días postreros de la administración de Adams, el Congreso dominado por los federalistas creó cierto número de puestos judiciales, entre ellos los de 42 jueces de paz para el distrito de Columbia. El Senado ratificó los nombramientos, el presidente los firmó y al secretario de estado le fue asignada la responsabilidad de sellar y enviar los nombramientos correspondientes. A causa de la premura de las actividades de último minuto, el secretario de Estado saliente se olvidó de enviar los nombramientos a cuatro de los nuevos jueces de paz, uno de los cuales era William Marbury.
El nuevo secretario de Estado del presidente Jefferson, James Madison, se negó a entregar los nombramientos porque la nueva administración se sentía indignada al saber que los federalistas habían tratado de perpetuar a los jueces de su propio partido en el aparato judicial. Entonces Marbury presentó una demanda en la Corte Suprema para obligar a Madison a que le entregara su notificación.
Si la Corte fallaba a favor de Marbury, Madison se habría podido seguir negando a entregar el nombramiento y la Corte no habría tenido recurso alguno para obligarlo a obedecer la orden. Si la Corte fallaba contra Marbury, se arriesgaba a entregar el poder judicial a los jeffersonianos al permitirles negar a Marbury el puesto al cual tenía derecho legal. El presidente de la Corte Suprema John Marshall resolvió el problema declarando que ese tribunal no tenía autoridad para fallar en ese caso. Marshall declaró que la Sección 13 de la Ley Judicial, que le confería al Tribunal ese poder, era inconstitucional porque ampliaba la jurisdicción original de la Corte con respecto a la jurisdicción definida por la propia Constitución. Al decidir que no emitiría decisión alguna en este caso, la Corte Suprema aseguró su posición como el árbitro supremo de la ley.